En el curso de mis mentorías es común escuchar experiencias de colegas a quienes sus jefes les han incitado a hacer cosas que contrarían las buenas prácticas legales, e incluso configuran tipos penales y faltas disciplinarias; e infortunadamente, en mi ejercicio profesional como litigante me encontrado con esto, y he tenido que decidir qué hacer.

La respuesta no es sencilla, porque dentro de los retos que tenemos hoy como gremio está el soltar eso de que entre colegas seamos quienes más duro nos damos a nivel disciplinario. Es decir, que como colegas hoy una de las metas es ser más conscientes de la fortaleza que tenemos como gremio cuando vemos al otro como colega y no estemos pensando en “dañarle la tarjeta profesional” porque es competencia.

Sin perjuicio de lo anterior, otro reto que tenemos es justamente eliminar las malas prácticas legales que nos hacen escuchar comentarios negativos sobre el gremio, y que han afectado la confianza de la persona de a pie hacia el abogado.

Para nadie es un secreto que, más allá de ser incómodo o fastidioso, los imaginarios frente a los abogados tienen un efecto negativo en el mercado. En Colombia la regla general es acudir a los abogados cuando ya hubo un problema, cuando ya no funcionó lo que recomendó el amigo,el vecino, el familiar; en lugar de acudir a un abogado para prevenir conflictos, para blindar los negocios o para informarse sobre las implicaciones legales de algo que tenemos en mente.

Ante esta dicotomía, debemos analizar bien la situación para determinar si podemos darle manejo directo con el colega, o si por su gravedad e impacto debemos examinar las vías disponibles. La primera opción la recomiendo cuando nos llega un cliente que está quejándose de la gestión de su abogado previo y desea que se le inicien procesos disciplinarios, civiles y/o penales, porque por ejemplo considera que se demoró mucho, que cobró muy caro o que no hizo lo que debía. Muchas veces los clientes tienen una noción errada de lo que es el ejercicio del derecho en la vida real y piensan que los procesos son de un par de días o que puede hacerse todo lo que quieran. 

La segunda opción la recomiendo cuando estamos frente a un colega que de manera reiterada busca obstaculizar la administración de justicia, que quizá notamos que le recomienda a sus clientes cosas que no debería, o que en general podemos ver que está dentro de esos casos que nos describe el artículo del Código General del proceso en el artículo 79. Ahí debemos tomar acción para que se investigue ese actuar y para que no genere más perjuicios, porque (i) debemos defender los derechos e intereses de nuestros clientes y (ii) si no lo hacemos estaremos perpetuando la creencia de que el hacer cosas que no se deben, está bien, o que es una estrategia válida, como algunos lo han adoptado.

Entonces, como profesionales del derecho tenemos un deber ético y legal de actuar cuando estamos frente a situaciones irregulares y contrarias a ley por parte de nuestros colegas, debemos promover las buenas prácticas legales y ser conscientes del impacto que tiene el permitir que se sigan empleando “estrategias” para defraudar procesos, dilatarlos, faltar a la verdad, engañar a las autoridades y a los clientes, etc.

Esta profesión es exigente e influye de diferentes maneras en las vidas de nuestros clientes y nos apasiona lograr la meta trazada, pero dentro de esa llama que nos impulsa no podemos cegarnos ante las injusticias y las malas prácticas. Siempre debemos velar por enaltecer la profesión, buscar estrategias y rutas que nos acerquen al propósito de nuestro cliente y que nos tracen un camino que estaremos orgullosos de ver, y que no nos ponga en riesgo.

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