Si algo debe llamar a la reflexión del Estado y de la sociedad colombiana, motivar su atención, conmover y conducir a una actividad que vaya mucho más allá de declaraciones, eufemismos y disfraces, es el creciente y generalizado fenómeno consistente en un incomprensible desprecio por la vida humana. 

Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, me he repetido varias veces mientras me confieso y pido perdón a Dios por haber votado por el Chabacán qué hoy gobierna Cartagena.

Bogotá, principalmente, sufrió la semana anterior algunos efectos de un plan de desestabilización regional o “brisita bolivariana” diseñado por el Foro de Sao Paulo y aplaudido por del Grupo de Puebla, en donde nos representan el expresidente Samper, Clara López y otros.

En el Estado colombiano -en teoría un Estado Social y Democrático de Derecho, participativo y pluralista- si algo rige en la vida práctica no es precisamente la Constitución. El deterioro de la vigencia constitucional ha sido evidente en los últimos años, y ahora con mayor razón, no solamente por la pandemia sino a raíz de la polarización que viene de 2016 en adelante. Por encima de lo jurídico están elementos como los medios, las redes, las conveniencias políticas, la imagen del Gobierno o las encuestas.