Han llegado al país los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya visita tiene como objeto considerar la situación generada por posibles formas de vulneración de Derechos Humanos en nuestro territorio, particularmente en el curso de las protestas sociales. 

LA ASAMBLEA.- Primera parte

El cuarto martes del mes de abril de 2010 estaban en aquella reunión ordinaria de accionistas los convocados: las señoras Magalí Yanacona con sus 1.684 acciones y Soraya Cantor con sus 3.062 acciones asistieron directamente;  la madre de Soraya, la señora Esperanza de Cantor con 16.690 acciones a su haber, se hizo representar por su única hija; otra hija del padre de Soraya nacida de una relación paralela a su matrimonio se encontraba representada por su hermano con 3.062 acciones y hasta acá diríamos que todo parecía normal en esa asamblea, sin embargo, nada era normal. Encontrándose presente el abogado Ismael Ratta Machiavellian cuya habilidad para la trampa no encontraba límites nada podía ser normal en ninguna parte y al menos en el plano legal eso se daba por descontado, pues su lema profesional no confesado pero sobreentendido “Hecha la ley, hecha la trampa” era la señal de su presencia y la razón de ser de su acreditada fama como abogado por lo que se permitía cobrar cifras astronómicas con muchos ceros a la derecha.  

Los hechos registrados en el último mes no sólo son producto de la corrupción que asfixia al gobierno, sino también, el resultado de la ignorancia popular.

Del 8 al 11 de junio tendrá lugar en Colombia la visita de un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con el propósito -según ha expresado su presidenta Antonia Urrejola Noguera- de atender una situación concreta de denuncias sobre vulneración de Derechos Humanos en nuestro territorio, particularmente a raíz de las marchas de protesta. No sabemos si el tiempo de la visita sea suficiente para documentar todo, pero es indudable que esa misión contribuirá a esclarecer muchas situaciones respecto a las cuales el Gobierno ha permanecido indiferente -como si no hubiesen ocurrido- y, a decir verdad, los órganos internos de control no han aportado mayor cosa, a la vez que ha prevalecido una gran desinformación, tanto a favor como en contra miembros de la fuerza pública, en especial de la Policía Nacional y del ESMAD.