Opinion (2310)
Certidumbres e inquietudes: IMAGEN NO ES AUTORIDAD. José Gregorio Hernández Galindo
29 Ago 2020A diferencia de lo que, por su misma naturaleza, ocurre en las dictaduras –en que prevalecen conceptos como el dominio irrazonable y la forzada sujeción al poderoso-, en las democracias las relaciones entre gobernantes y gobernados están y deben estar fundadas en la confianza y en la autoridad legítima, en el respeto al ordenamiento jurídico, en el pacífico ejercicio de los derechos y las libertades públicas. Se parte de la base del ejercicio de esa autoridad –que no es lo mismo que la arbitrariedad-, adquirida a partir de la voluntad popular, sostenida y ejercida con arreglo a la Constitución y a las leyes. El gobernante debe inspirar respeto por la autoridad que encarna y generar confianza en razón de sus actos y decisiones. No aparentarlas.
Opinión: LAS COSAS SON LO QUE SON, AUNQUE LES CAMBIEN EL NOMBRE. José Gregorio Hernánez Galindo
29 Ago 2020Hasta el momento en que se escribe esta columna ya van nueve (9) masacres cometidas en distintos lugares del territorio colombiano durante el mes de agosto. Según las cifras oficiales, al menos cuarenta y dos personas han sido asesinadas en este mes, a sangre fría, de manera cobarde y con sevicia.
47 masacres en lo que va transcurrido de 2020. Con una impunidad que desconcierta. Autores intelectuales y determinadores ocultos por completo. Eventos de gran violencia que estremecerían a la opinión pública en cualquier país civilizado, que provocarían colectivo rechazo y que preocupan más a la comunidad internacional que a nuestros gobernantes. Episodios criminales que han llevado a la muerte a más de 180 personas este año, la mayoría líderes sociales, indígenas, campesinos y menores de edad. Las cifras crecientes, más altas que las registradas por la ONU para 2018 y 2019.
Hemos regresado a las peores épocas de nuestra historia reciente. En medio de una crisis tan terrible como la generada por la pandemia COVID-19 –con muchos compatriotas contagiados y con creciente número de muertos- resulta inconcebible que ya la población no solamente deba cuidarse del coronavirus sino de seres humanos asesinos que en cualquier momento y con tranquilidad y ánimo pacato la pueden sorprender. Sicarios pagos, vaya uno a saber enviados por quién, con qué propósitos ni bajo qué directrices.
Y resulta intolerable que grupos y organizaciones criminales se hayan dedicado a segar la vida de muchos colombianos –la mayoría de ellos jóvenes y algunos menores de edad- asesinados en total indefensión. En algunos casos torturados.
Incomprensible que, inclusive existiendo amenazas previas y alertas tempranas, las autoridades lleguen siempre tarde al lugar de los hechos, únicamente para levantar el acta del número de muertos y heridos.
Muerte, luto, llanto, dolor para las familias y las comunidades, impotencia, miedo, esperanzas bruscamente truncadas, desolación, abandono, indolencia. Noticias del día rápidamente desplazadas. Informes policiales –los de siempre- que atribuyen todo al enfrentamiento entre bandas del narcotráfico y por el dominio de territorios para cultivos ilícitos. Declaraciones ministeriales –las de siempre- diciendo que los violentos no pasarán y que actuará la fuerza pública en contra de los responsables, o que pronto se iniciarán las fumigaciones con glifosato. Intervenciones públicas del Fiscal –las de siempre-, manifestando que las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias y que se hará justicia. Discursos, gráficas y trinos presidenciales –los de siempre-, diciendo que al Gobierno le duelen los muertos que dejan el narcotráfico y el terrorismo y prometiendo contundencia y celeridad en el combate “a las disidencias FARC, ELN, Clan del Golfo, carteles y otros”.
Ahora, a propósito de los recientes crímenes cometidos en el Valle del Cauca, en Nariño, en Arauca, en Norte de Santander y en Antioquia, insiste el Gobierno en su propósito de erradicar la denominación “masacres” para sustituirla por “homicidios colectivos”. Porque, según el Ministro de Defensa, aquélla es una expresión coloquial, un giro periodístico. Como si, por cambiarles el nombre, desapareciera el hecho criminal o fuese menos grave. En vez de ocuparse de verdad y con toda seriedad en el cumplimiento del artículo 2 de la Constitución, a cuyo tenor las autoridades han sido establecidas para proteger la vida “de todas las personas residentes en Colombia”.
Mala costumbre esa de los gobiernos, de querer llevar todo a las palabras, para hacerlas más suaves, para “no alarmar”, para que sucesos terribles pasen desapercibidos. Creyendo que los vocablos engañosos pueden tapar las verdades o hacer que los hechos sean menos tozudos.
En ese mismo rango está la expresión “falsos positivos”, usada para disfrazar crímenes horrendos, de lesa humanidad, matanzas de personas inocentes e indefensas. O las palabras “incentivos”, “propinas” o “estímulos”, destinadas a encubrir sobornos, coimas o compras de testigos.
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Opinión: “REFUA SHELEMA” POR LA JUSTICIA Y EL GOBIERNO. Oscar Eduardo Borja
25 Ago 2020La justicia colombiana está enferma y agoniza, y no por causa del COVID; la corrupción, el vencimiento de términos y la política, la debilitaron desde hace varios años, hasta el punto de perder la credibilidad que construyeron las anteriores Altas Cortes; no queda nada, magistrados impolutos retirados por el corto periodo constitucional de tan solo ocho años, dieron paso a nuevos personajes, con ambiciones desmedidas, mercaderes de fallos y de soluciones absolutorias; quien decide entregar su vida y años de servicio a la impartición de justicia, no puede ocultar un lado oscuro, pues no se puede servir a dios y al diablo al mismo tiempo. No son chismes ni especulaciones de quien escribe, la justicia esta podrida, basta con escuchar o leer las declaraciones del fiscal anticorrupción Gustavo Moreno, sorprendido en flagrancia, extraditado y hoy preso en una cárcel de estados unidos; o revisar el caso de Carlos Matos, donde jueces vendieron decisiones judiciales al mejor postor, sin dejar de lado el documental publicado sobre los atropellos, abusos y acosos sexuales en la Corte Constitucional, que también hace parte de la contaminación y mal funcionamiento de tan importante rama del poder público.
Opinión: LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. Orlando Díaz Atehortua
24 Ago 2020Es ante todo un medio para un conjunto amplio de fines. Su objetivo inmediato es permitir el imperio de la Ley y su aplicación de manera imparcial a los casos en concreto. Solo si las órdenes y decisiones producidas por un juez se realizan al margen de la intervención del Gobierno, las partes o los actores sociales, se puede garantizar que solo se aplicará la Ley y que tal aplicación será en principio neutral (Burgos Silva German – Independencia Judicial en América Latina – Internet).
