En 18 años, nunca la favorabilidad de las FFMM había caído tan dramáticamente, como en la última encuesta de Invamer- Gallup.  Hace tres meses había logrado un nuevo récord de simpatía con más de un 85%, (con Uribe logró un 87% en su primer mandato y un 90% en su segundo, coincidiendo con la Operación Jaque) pero ahora se desplomó a una cota histórica del 48%, (su más baja había sido el 60% durante el segundo gobierno de Santos). El desafortunado incidente del acceso sexual abusivo de unos soldados a una menor indígena, otros casos similares que la misma Institución denunció públicamente y el ensañamiento semana a semana de alguna prensa, ha enrarecido la opinión de un sector simpatizante de nuestros uniformados, aunque tales variaciones son frecuentes en la siempre voluble opinión pública, susceptible como nunca al manejo emocional de las noticias, los titulares de redes sociales y “fake news”.

Se ha vuelto una práctica común de los pobladores a orillas de las carreteras en lo largo de nuestra región, el saqueo de la carga de los vehículos accidentados, la desgracia y la tragedia que resultan de una falla mecánica o de un error humano, -el micro sueño de un conductor, el desconocimiento de la vía o cualquier evento que pueda generar un accidente-, se ha convertido en un motivo de oportunidad para acudir en manada a saquear la carga del vehículo accidentado; a veces la muchedumbre sacia sus ganas de obtener lo que no le pertenece en presencia de las autoridades, como si la ley tuviera una patente de acceso a la propiedad del vehículo accidentado.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha concedido una tutela a congresistas de la oposición que estimaron violados sus derechos fundamentales y políticos, en cuanto el Senado de la República no fue oficialmente enterado por el Gobierno acerca del tránsito y permanencia de soldados norteamericanos en territorio colombiano. La corporación judicial ordenó al Presidente de la República que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, suspenda los efectos jurídicos de la autorización para cualquier actividad de la brigada militar extranjera en Colombia, mientras el Senado de la República decide sobre lo de su competencia.

Más allá del debate acerca del viaje de algunos funcionarios a San Andrés  durante un puente festivo y de las interminables explicaciones al respecto, desde el punto de vista constitucional conviene dejar consignadas algunas precisiones sobre la estructura del Estado colombiano.