Está muy bien que los medios de comunicación y los periodistas investiguen y denuncien ante la opinión pública los hechos constitutivos de delitos, corrupción, compra y venta de votos, manipulación de las elecciones, soborno, presencia de narcotraficantes en los procesos electorales, todo lo cual desvirtúa la legitimidad de los comicios y afecta gravemente a la democracia.

Lo que no está bien es que los órganos estatales competentes se abstengan de cumplir su función, que oculten o "engaveten" las denuncias, los procesos, las pruebas, y que los colombianos tengamos al periodismo como única fuente de información acerca de esas reprochables conductas, las cuales tienden a quedar impunes por falta de actividad de las autoridades.

Como lo hemos dicho en otras ocasiones, la Constitución obliga a la Fiscalía - no le sugiere, ni lo deja a la libre elección, sino que la obliga- a iniciar los procesos penales cuando por cualquier medio tenga conocimiento acerca de la comisión de un delito, y ha de actuar de oficio si no existe denuncia. Lo propio, en cuanto a los aforados, corresponde a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, a la Corte Suprema de Justicia, en materia penal, y al Consejo Nacional Electoral, a la Contraloría, a la Procuraduría General y al Ministerio Público, a los gobiernos a nivel nacional, departamental y municipal, en lo relativo a las materias que les atañen.

En estos asuntos, los órganos estatales no deben aplicar el lavado de manos , tan importante para los fines de evitar el contagio del Coronavirus. Deben operar de manera eficiente y oportuna, en vez de permanecer a la zaga de lo que averigüen e informen los periodistas y las redes sociales.

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La JEP niega la condición de víctimas a los estudiantes militares de un centro universitario, que tiene protección especial de acuerdo al DIH, atacado con un carro bomba (arma no convencional prohibida por el DIH y el protocolo de Kioto) en medio de un área residencial habitada por civiles. Se repite lo del club el Nogal, que según los narcoterroristas, era un centro de planeamiento militar. La JEP facilita la fuga de los cabecillas, avala vacaciones de asesinos confesos, recibe las declaraciones de los narcoterroristas farianos en recinto cerrado mientras permite que las barras bravas de la izquierda, abucheen a los declarantes militares. En esta misma corte inquisitorial impuesta desde La Habana, los narcoterroristas farianos declaran no haber secuestrado y contra toda evidencia documental y testimonial, juran nunca haber maltratado a sus secuestrados. Niegan sus campos de concentración, mientras la magistrada del caso, en trance de ensoñación, sonríe pensando en Arturo Cova, el de “La Vorágine” y no en alias “tornillo”, el senador.  En esa supracorte sin credibilidad, la barbarie y el sinsentido de la justicia comunista muestra todo su nauseabundo esplendor, avanzando entre malabarismos legales y falacias retóricas. Entretanto, la iñiguista Comisión de la verdad insiste en recrear la historia, inventando nuevos héroes donde solo hay delincuentes y depredadores y estigmatizando a los soldados, los verdaderos héroes hijos del pueblo. La tenaza JEP –verdad jurídica negacionista - Comisión de la verdad – verdad histórica revisionista - intenta reconstruir y legalizar el pasado para ofrecer un futuro socialista de pauperización y miseria. Como en Venezuela.