Opinion (2239)

Vamos a tener que acostumbrarnos a distinguir entre la actividad política y el ejercicio de las funciones jurisdiccionales. Una es la tarea de los políticos y otra muy diferente la de los jueces y magistrados. Ni los jueces deben resolver en los procesos con un criterio político, orientado a favorecer o a perjudicar a los partidos –bien en el campo penal, en el civil, en el familiar, en el económico, en el ideológico, en el electoral o en cualquier otro-, pues en tales casos podrían estar prevaricando, ni los políticos deben tener injerencia en los trámites de los procesos –salvo cuando, por conducto de sus abogados y en el terreno exclusivamente procesal, ello sea necesario siendo partes o terceros interesados-, y menos todavía pretender influir en los resultados de los procesos por la vía de la recomendación, la presión, la amenaza, el halago o las ilícitas ofertas económicas o burocráticas.

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El conflicto colombiano, siempre incentivado por La Habana, disfrazado de ideológico, pero totalmente encuadrado dentro del Crimen Organizado Transnacional y recostado en la social bacanería, augura la disparada de un nuevo ciclo de violencia que ya se insinúa y que sería mucho más doloroso que los anteriores. Mayor responsable de este desastre, es un devaluado aparato de Justicia con magistrados corruptos y jueces politizados, que atizan la ira popular facilitando la fuga de un jefe narcofariano mientras encarcelan, con inocultable sabor a vindicta, a Uribe. En estos momentos de crisis económica, política, moral y social, vale la pena mirar a nuestra Fuerzas Militares y es buena referencia observar lo que sucede con los militares en Venezuela.

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Con todo respeto, no comparto el criterio de quienes han venido criticando a la Corte Constitucional por haber declarado la inexequibilidad del Decreto Legislativo 580 de 2020, por el cual se dictaban medidas en materia de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo, por el motivo que condujo a la adopción del fallo y que también expuso la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República: aunque, según el comunicado de la Corte, se dictó y promulgó en desarrollo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, se expidió dentro del término de vigencia del estado de excepción y se encuentra brevemente motivado y lleva la firma del Presidente de la República, no fue suscrito por todos los ministros del despacho. Faltaron las firmas de los ministros de Salud –lo cual llama la atención en cuanto la emergencia fue provocada por la pandemia- y de Ciencia y Tecnología. 

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Nanas de la Cebolla 

En la cuna del hambre mi niño estaba

con sangre de cebolla se amamantaba

pero tu sangre, escarchada de azúcar

cebolla y hambre (…)

Miguel Hernández.

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