En general, no está bien que se usen las redes sociales -con el formidable impacto que hoy tienen y todo lo que en ellas se puede desatar por un mensaje irresponsable o mal expresado- para ofender a las personas, para calumniarlas o para incitar a la violencia en su contra. En el caso de las víctimas del conflicto, su dolor y las huellas –muchas veces indelebles- que en ellas ha dejado la violencia merecen el respeto y la consideración de la colectividad. Atacarlas por sus actitudes, gestos o expresiones, o por haber establecido contacto con los victimarios dentro de un proceso de paz, implica de suyo un irrespetuoso e innecesario ingreso en la intimidad, en sus sentimientos y en el drama interno generado por el crimen, que puede ser de muy distintas características y dimensiones, dependiendo de la forma de reaccionar de cada individuo. No olvidemos que se trata de seres humanos que, en carne propia o en la de sus seres queridos, han sufrido el grave impacto de un secuestro, de una tortura, de un homicidio. Y lo que puedan sentir en su fuero interno esas personas es algo que, desde el exterior, quienes no hemos sido afectados directamente no alcanzamos a captar o a entender en toda su magnitud. La mofa o el escarnio respecto a las reacciones de cada víctima, entrando de modo abusivo en su ámbito interno e inviolable, son formas de causarle nuevo dolor; de hacerla víctima una vez más.

 

En tal sentido, no merece felicitación ni premio al ingenio quien  se atreve a descalificar o a censurar, por ejemplo, el llanto o una sonrisa de la víctima, en especial si ésta refleja una voluntad de perdón. Y sin perdón no hay paz.

 

Desde luego, en el otro extremo de la discusión, está la libertad de opinar. Y es peligroso que, en una democracia, se consagre el delito de opinión o que se procese a alguien por opinar. En las redes sociales se opina, y la opinión es libre, pero debe ser respetuosa de los derechos a la intimidad, a la honra y al buen nombre de los demás. Por eso, la Corte Constitucional ha insistido en muchas ocasiones en la importancia de buscar el sano equilibrio entre los derechos que pueden entrar en pugna. En ese orden, la libertad de opinión merece respeto, pero no es excusa para atropellar los derechos de otros, porque, en el tanto del abuso, surge una responsabilidad.

 

Así que, ni abuso del derecho de opinar, ni delito de opinión.