En un Estado corrompido, donde los entes de control han sido enceguecidos, ensordecidos y, por si fuera poco, enmudecidos por la influencia política; ha quedado demostrado que la impunidad es la reina. 

Una de las causas por la que los Estados latinoamericanos no salen de su “en vías de desarrollo” y de su enfermiza dependencia de las ayudas de países con menos recursos naturales, pero con mayor organización, es eso precisamente, la organización.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como el Acuerdo de Escazú, por cuanto fue en esa ciudad costarricense en donde se suscribió el 4 de marzo de 2018, tiene por objeto garantizar la implementación plena y efectiva, en la región, de lo necesario para asegurar los derechos a la información y a la  participación pública en la toma de decisiones sobre la crisis ambiental, y de acceso a la justicia en la materia, así como el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección de los derechos de las generaciones presentes y futuras a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible. Y, lo más importante, luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar tales derechos -que son verdaderos derechos fundamentales-, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad, dentro de una concepción de la igualdad como centro del desarrollo sostenible. 

Al particular le es dable mentir por lujuria fuera de casa, o porque le gusta, pero la mentira en el gobierno es inconcebible.