El pasado 6 de enero del 2022, según se ha indicado oficialmente por parte del Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (CIADI, conocido también por sus signas en inglés ICSID), se constituyó un Comité Ad Hoc para examinar una solicitud presentada por la empresa minera canadiense Infinito Gold: se trata de una solicitud de nulidad de la decisión anterior, dada a conocer por el CIADI en junio del 2021, y bastante favorable a Costa Rica. 

Acontecimientos recientes y muy dolorosos -que han conmovido a la sociedad- llaman a reflexión. Cada vez con mayor frecuencia, se vienen presentando graves hechos, incluidos los ya comunes comportamientos lesivos de la indispensable armonía que debería imperar en el interior de los hogares y las comunidades. La violencia intrafamiliar es hoy de diaria y extendida ocurrencia, como lo son también el feminicidio, el infanticidio, los delitos sexuales contra menores, las masacres, los asesinatos de líderes sociales y ambientales, los desaparecimientos y ahora -como si todo eso fuera poco- crímenes atroces como el matricidio y el fratricidio. Todo lo contrario de lo que se esperaría de una colectividad civilizada y consciente de cuanto implica la dignidad de la persona humana y sus derechos esenciales. 

Estamos a pocos meses de las votaciones, con miras a seleccionar congresistas y presidente de la República, para un período que, sin duda, será bastante difícil, dado el panorama que hoy tiene a la mayoría de los colombianos en un alto grado de insatisfacción con la gestión estatal en su conjunto; en la desesperanza y en el pesimismo. Basta examinar los titulares diarios de noticieros y periódicos. Además de los consabidos efectos de la pandemia en la sociedad y en la economía, particularmente en perjuicio de los más pobres, en el desempleo, la quiebra, el abandono y la mayor desigualdad social, predominan -y no por casusa del virus- la violencia, la intolerancia, el crimen, la corrupción, el desplazamiento, la creciente inseguridad, la destrucción de bienes públicos y privados -desfigurando legítimas y pacíficas protestas-, y no pocas denuncias sobre excesos y abusos policiales. Cada vez con mayor frecuencia, comportamientos lesivos de la armonía que debería imperar en el interior de hogares y comunidades. La violencia intrafamiliar de diaria y extendida ocurrencia, el feminicidio, el infanticidio, los delitos sexuales contra menores, las masacres, los asesinatos de líderes sociales y ambientales, los desaparecimientos y ahora -como si todo eso fuera poco- crímenes atroces como el matricidio y el fratricidio. Todo lo contrario de lo que se esperaría de una colectividad civilizada y consciente de lo que significan la dignidad de la persona humana y sus derechos esenciales. 

Cuatro de cada diez colombianos en promedio (hay regiones de peor índice), solo ganan para sobrevivir, y más de la mitad están retrasados en sus obligaciones financieras, revela la última encuesta de Banca de las Oportunidades, un programa oficial.