Nuestra constitución política consagra en su artículo 365, que los servicios públicos son inherentes a la función social del Estado. De conformidad a lo dispuesto en la carta magna, decimos entonces que es deber del Estado asegurar la prestación eficiente  de estos servicios a todos los habitantes del territorio nacional. 

El arte de gobernar con sentido de sostenibilidad, más allá de la intrincada ideología, es una cuestión del momento, pero con visión de futuro… Mejorar el futuro de los pobres, asegura también la estabilidad de los ricos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de proferir sentencia que condena al Estado colombiano - “Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia”- por su responsabilidad en el genocidio cometido desde 1984 contra miembros, militantes y simpatizantes del partido Unión Patriótica (UP).  

Es la historia del reparto de una herencia que se tornó litigiosa. Se trata de un caso inspirado en hechos reales.