Nuestro sistema político ha optado, desde las primeras constituciones, por la separación funcional entre las ramas y órganos del poder público. Cada uno tiene sus funciones asignadas, y solamente puede desempeñar las que le corresponden y no otras, sin perjuicio de la colaboración armónica, dirigida a la realización de los fines del Estado, como dice el artículo 113 de la Constitución vigente. Por otra parte, la economía, los costos, los precios, la inflación, la valorización o devaluación del peso frente al dólar o al euro, son asuntos que no obedecen exclusivamente a decisiones o propuestas del gobierno colombiano. Inciden factores provenientes de la coyuntura internacional como los cambios de gobierno, las crisis en la producción, las decisiones y políticas adoptadas por los países en materia económica o financiera, las guerras o los fenómenos climáticos.  

En consecuencia, es indispensable entender que no todo depende del presidente de la República, como lo predican tirios y troyanos, los unos para culparlo de todo lo malo que ocurre y los otros para concederle siempre la razón, aunque no la tenga.

Durante las campañas electorales por la presidencia, los programas y propuestas de los candidatos incluyen normalmente modificaciones o ajustes de orden administrativo, legislativo y hasta constitucional, y es natural -así debe ser- que el candidato triunfante, a partir de su posesión, aspire a cumplir lo que propuso y a satisfacer las aspiraciones de sus electores. Así ha ocurrido siempre en Colombia y en el mundo.

También es una verdad histórica que, si bien muchas de tales aspiraciones se alcanzan, hay otras que no se logran durante el período presidencial. No todo se puede cumplir, entre otras razones por la ya referida separación funcional. En aquellas materias que son objeto de ley o de reforma constitucional, el Gobierno -y lo saben los electores- no puede obrar directamente, sino que depende del Congreso. Así que se limita a presentar y a defender sus iniciativas, y la última palabra la tendrá la rama legislativa. Si, como pasa hoy, los partidos afines al presidente no cuentan con las mayorías que garanticen la aprobación de las iniciativas gubernamentales, se ve precisado a la negociación y a la búsqueda de acuerdos. Es lo propio de la democracia.

La Constitución prevé las bancadas de los partidos políticos, en cuyo interior se debe decidir democráticamente qué propuestas oficiales apoyan y cuáles no. Y deberían resolver pensando -más que en beneficios puramente partidistas o personales, o en la llamada “mermelada”- en los fines estatales, en el interés de la colectividad, en el bien común, en la realización de un auténtico Estado Social de Derecho, en la enorme desigualdad existente, en las inaplazables necesidades de nuestra población.

No ha sido así. La polarización política -tan dañina para la democracia- ha llevado a dos extremos, igualmente negativos. La extrema derecha le apuesta, a toda costa -sin que importe el bien del país- al fracaso del presidente, y, por tanto, rechaza todo proyecto. El extremo contrario considera que toda propuesta del Gobierno es excelente y tiene que aprobarse. Y los no extremos deciden una u otra cosa según su beneficio, que no necesariamente es el del país.

Nuestras redes sociales:

Facebook: https://www.facebook.com/EmisoraLaVozdelDerecho   

Twitter: https://twitter.com/LaVozDelDerecho

Youtube: https://www.youtube.com/c/lavozdelderecho1

Linkedin https://www.linkedin.com/company/emisora-la-voz-del-derecho/

Imagen de Freepik

En la Gaceta Oficial de Costa Rica del 30 de marzo del 2023, se publicó el siguiente proyecto de Ley 23.588 (véase enlace, en pp. 2-7): se denomina "Ley para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente". 

Gustavo Petro Urrego, es quizás uno de los hombres con más experiencia política en el país; para confirmarlo, basta con analizar su amplio recorrido por todos los estadios. Fue miembro militante de una de las guerrillas más emblemáticas que han existido en Colombia, como lo fue el M19, luego pasó a ser un desmovilizado,  actor activo de la vida política ocupando una curul en la Cámara de Representantes y posteriormente en el  Senado de la República. También fue elegido por voto popular para ocupar el cargo de Alcalde de Bogotá, y varias veces candidato presidencial hasta llegar a convertirse en el actual presidente de los colombianos.

Resaltemos una vez más la necesidad de reglas claras, que son requisito esencial de convivencia en el interior de cualquier sociedad, con mayor razón si se ha organizado como Estado de Derecho. Su eficacia es imposible si las normas jurídicas o su entendimiento, en vez de conferir certeza y seguridad jurídica, generan desconcierto; si su formulación es errónea o inconsistente; si son incomprensibles o impracticables, o si el abuso de los derechos que contemplan se convierte en práctica común y generalizada, aun con sacrificio de otros derechos. Porque, entonces, no se puede hablar de un genuino orden jurídico.