El Constituyente de 1991 dejó plasmado un listado taxativo de los deberes y las obligaciones que sin excusa debemos cumplir.  Sin embargo, hoy vivimos en medio de un caos generado por la falta de autoridad, de compromiso, de presencia del Estado y también por el desconocimiento que tienen los ciudadanos de las normas básicas constitucionales. En el presente escrito, hago una invitación a reflexionar sobre los deberes y las obligaciones, para lo cual, transcribiré el  artículo 95° de nuestra constitución política, confiando que, lo leerás para recordarlo y si es del agrado repetirlo hasta aprenderlo, solo con el propósito de incrementar el conocimiento de la constitución, como herramienta apropiada para garantizar la participación en la democracia. 

En el sistema democrático que consagra nuestra Constitución se aplica el principio de separación de funciones entre las ramas y órganos del poder público. En sustancia, se trata de impedir su monopolio y de conseguir que “el poder detenga al poder”, como lo expresara el Barón de Montesquieu en su obra inmortal “El espíritu de las leyes”. Para el autor francés, quien tiene poder se inclina normalmente a incrementarlo y a prolongarlo en el tiempo, y no es extraño que, si no encuentra límites, tienda a abusar del poder que tiene. O, como dijera el inglés Lord Acton, “el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente”. 

Además de corroborar, una vez más, el fervor religioso de la mayoría del pueblo colombiano, la Semana Santa nos ha servido para reflexionar sobre uno de los más graves males que afectan a nuestra sociedad: la enorme desigualdad existente en materia económica y social, y en los más elementales derechos de miles de compatriotas. En salud, educación, agua potable, trabajo, vivienda, alimentación. ¿Cómo es posible que, en nuestro territorio, sigan muriendo niños por causas perfectamente evitables -si los organismos competentes del Estado hubieran actuado a tiempo- como el hambre y la desnutrición?