Para quienes creemos en la dignidad de la persona humana, en sus derechos esenciales, en el respeto que merecen la vida y la integridad física y moral de los niños, de las mujeres y de las personas mayores, en el Derecho Internacional Humanitario, nos resulta muy doloroso y frustrante ver a diario -desde el pasado 7 de octubre-, lo que acontece en la Franja de Gaza. No se necesita sino una mínima sensibilidad para conmoverse profundamente con las terribles imágenes que nos llegan por las vías digitales y virtuales, sobre continuos bombardeos y destrucción de casas de habitación familiar, parques, hospitales, iglesias, ancianatos, ambulancias.

Digamos una vez más que, si bien la Constitución Política no debe ser absolutamente rígida e irreformable -porque necesita ajustes, para no ser desbordada por le evolución de los fenómenos de diferente índole que afectan a la sociedad-, sí requiere un mínimo de estabilidad y permanencia como norma fundamental.

Por mandato constitucional el patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del estado, conforme lo establece el artículo 72 de la carta magna colombiana: “ El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica.”

En un comunicado de prensa del 28 de noviembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha anunciado que dará a conocer su decisión sobre las medidas provisionales - de carácter urgente - que fueron solicitadas por Guyana.