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CORRIDAS DE TOROS: ! ESTO SE PUSO BUENO !

31 Oct 2012
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POR OCTAVIO QUINTERO

 

La Corte Constitucional determinó ayer (30/10/12) que los alcaldes no pueden prohibir las corridas de toros “en plazas donde éstas hayan sido permanentes, periódicas o habituales” y sentenció, de paso, que “los empresarios taurinos no necesitan una autorización previa de la autoridad municipal para organizar dichos eventos”.
 
La decisión deja, al parecer, sin piso jurídico la “pelea” del alcalde Petro contra los empresarios taurinos de Bogotá con quienes sostiene la lucha de prohibir las corridas de toros bajo el argumento de que constituyen un grave maltrato contra los animales.
 
Quizás no habrían terminado de regodearse los taurófilos, cuando el alcalde Petro consignó en su cuenta twitter, el siguiente mensaje:
 
-"No existe contrato firmado entre la Alcaldía y ninguna organización que haga corridas de Toros en Bogotá".
 
Y la pregunta que sigue es obvia:
 
Si la Plaza de Santamaría es de propiedad del Distrito; y si no hay contrato alguno con entidad taurina para realizar corridas… ¿Cómo podría cualquiera apropiarse del tradicional escenario para montar la corrida?
 
En efecto, en junio del año pasado, el alcalde Petro había revocado el convenio que la administración distrital había firmado hasta el 2015 con la Corporación Taurina de Bogotá para el uso de la Plaza La Santamaría, por considerar que ésta “no se puede destinar a promover o fomentar actividades que incluyan sufrimiento, dolor y muerte a los animales, en desarrollo de la sentencia C-666 del 2010”.
 
¿Qué dice la Corte en la mencionada sentencia?:
 
En desarrollo del concepto de “protección a los animales”, se habla de algunas excepciones como, la más obvia, el sacrificio que se ejecuta para el consumo humano, u otras más sofisticadas como, cuando por principios religiosos deba sacrificarse un animal sin insensibilidad previa, es decir, a sangre fría; o la que se realiza con fines de experimentación científica. Pero tanto en los ritos como en los experimentos, el gobierno ha establecido en el decreto 1.500 del 2007 que éstas prácticas deberán ser supervisadas y aprobadas por el INVIMA.
 
Y en todos los casos, sin excepción, la Corte prescribe en la C-666 que “el sacrificio animal debe ajustarse a parámetros establecidos con el objetivo de eliminar cualquier práctica que implique sufrimiento evitable para el animal y, así mismo, la crueldad en los procedimientos de sacrificio, demostrando que, incluso en estos casos, el deber constitucional resulta plenamente aplicable a la relación que los humanos mantengan con los animales”.
 
Basado en esta sentencia, el alcalde Petro había pedido a la Corporación Taurina evitar la muerte de los toros en las corridas, pero ante la negativa de ésta, se suspendieron las conversaciones entre las partes y se concretó la revocatoria del contrato. A la vez fue retirado el patrocinio del Distrito a las actividades taurinas.
 
¿Dónde caben las corridas de toros? ¿Son rituales? ¿Son científicas?
 
(...) “Son culturales”, ha dicho la Corte en esta sentencia de ayer que, aparentemente, deja al Alcalde sin más recurso que permitir las corridas.
 
¿Legisló la Corte? Aparentemente sí, porque no aparece en ninguna norma que la muerte de animales, sin insensibilización, pueda hacerse con fines culturales. 
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Fin de folio: Y quedaría por resolver lo del contrato porque, una cosa es que no se pueda prohibir algo, y otra bien distinta es que, quien haga ese algo, lo pueda hacer en la casa del vecino, aún sin su consentimiento.
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TRANSPARENCIA EN EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO

30 Oct 2012
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JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

Tlaxcala (México) 30 de octubre de 2012. Foto: www.elementosdejuicio.com.co

 

Por gentil invitación de las autoridades mexicanas, asisto en Tlaxcala a la Semana Estatal de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública, evento académico en el que participan magistrados y ex magistrados, profesores y autores de Derecho Constitucional de varios países latinoamericanos, y que tiene por objeto la reflexión y el análisis sobre uno de los elementos básicos en lo que concierne al buen gobierno y a la lucha contra la corrupción, entre otros objetivos.

 

En los últimos años, como reacción de la ciudadanía ante las múltiples modalidades de mala administración y de asedio, fraude y saqueo del patrimonio público, se han venido estableciendo normas y reglas de comportamiento del sector estatal, por dentro y hacia el exterior, con un propósito sencillo en su enunciación pero muy difícil de conseguir en la práctica: la conducción de los asuntos de interés general de manera genuinamente pública, abierta, clara, comprobable y verificable.

 

En varios países tiene lugar este proceso de transformación institucional, que presenta numerosos obstáculos. Implica, ante todo, un cambio en la mentalidad colectiva y debe superar la tenaz resistencia de la burocracia, que, como es lógico, defiende el reducto tradicional de su poder. Se busca modificar la actitud de gobernantes, empleados y gobernados respecto a los compromisos que en un democracia contrae quien asume un cargo público en cualquiera de las ramas y órganos estatales, pero muy especialmente en la administración.

 

Las exigencias propias de este compromiso público se proyectan a los más diversos campos: el manejo de recursos públicos, el gasto y la inversión, la preparación, aprobación y ejecución de los presupuestos, la formulación de los planes de desarrollo, la asignación y destinación de las regalías provenientes de la explotación de recursos naturales, los procesos de designación, postulación y elección de dignatarios, la contratación estatal, la planeación y ejecución de obras de infraestructura, el estado de salud de quienes tienen a su cargo las más altas responsabilidades de gobierno o administración de justicia, los ingresos, las declaraciones tributarias y el patrimonio particular de los servidores públicos, la fiscalización y el control posterior de la gestión fiscal, el recaudo y la destinación de los impuestos, tasas y contribuciones, para mencionar apenas algunos. A la vez, deben ser ponderados y regulados los procedimientos y métodos orientados a lograr la transparencia, de suerte que no impliquen daño injustificado a la intimidad, la honra, el debido proceso o la buena fe de las personas que ejercen funciones públicas.

 

 

 

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ME MANDARON DE VACAS

30 Oct 2012
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POR OCTAVIO QUINTERO

Foto www.elementosdejuicio.com.co
 
Me está sucediendo a mí, y debe estarle sucediendo a otros columnistas de mayor punch, que la gente haya dado en creer que si uno critica a Santos, es porque está con Uribe; y si critica a Uribe, es porque está con Santos…
 
La confusión no es más que la orientación misma que la gran prensa le viene dando al cada vez más álgido enfrentamiento entre los dos. El último titular de los medios, relacionado con la asamblea de la U, domina la idea de que llegó la hora de definirnos entre uno u otro.
 
Puede que sea cierto que indirectamente uno le haga un mandado a Uribe cuando critica a Santos. De hecho, en mi caso particular, hoy hablo más de Santos que de Uribe; mejor dicho, de Uribe ya casi ni digo nada porque, para mí, ya pasó a la historia. El que tiene el bate ahora es Santos y su juego, en lo fundamental, es el mismo de Uribe. No voy a caer en la celada que nos tiende el régimen, aupado por los grandes medios de comunicación, de creer que Santos, ideológicamente hablando, es distinto a Uribe.
 
"Por sus hechos los conoceréis": (MT 7, 15-20).
 
En cuanto a la crítica que en particular a mí me hacen de que no me gusta nada, nada me parece bueno, solo hablo de lo negativo y cosas por el estilo, tengo que responder con toda sinceridad: SÍ: soy un escéptico. Ya llevo muchos años oyendo lo mismo y nada de nada. O mejor: mucho más, pero de lo mismo.
 
Pero atendiendo la observación de un caro amigo que me deja confuso, voy a tomarme unos días de reflexión a ver si, en efecto, me estoy volviendo adicto al pesimismo y, a lo mejor, esta vez sí, lo de Santos no se trata de una nueva “Mentira organizada”(*).
 
Hasta la vista
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(*) Libro del autor. Bogotá, D.C. Año 2.000. Presentación: Eduardo Sarmiento Palacio. Prólogo: José Gregorio Hernández Galindo.
 
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EL OTRO VOCERO DE LAS FARC

26 Oct 2012
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POR OCTAVIO QUINTERO

Foto alertadigital.com
 
Joseph Stiglitz, el laureado escritor (Nobel de Economía  2001), podría sentarse con todo derecho en la mesa de Oslo a hablar de Paz en Colombia a nombre de las Farc; y tal vez no sería tachado de “anacrónico”…
 
En su último libro, “El precio de la desigualdad”, nuevo best seller de Tauros, Stiglitz dice de entrada:
 
“El 1 % de la población disfruta de las mejores viviendas, la mejor educación, los mejores médicos y el mejor nivel de vida, pero hay una cosa que el dinero no puede comprar: la comprensión de que su destino está ligado a cómo vive el otro 99 %. A lo largo de la historia esto es algo que esa minoría solo ha logrado entender… cuando ya era demasiado tarde”.
 
De entrada también, Iván Márquez, el guerrillero jefe de las negociaciones de Paz con Santos, dijo…
 
“Más de 30 millones de colombianos (el 70% de la población) viven en la pobreza; 12 millones en la indigencia; el 50% de la población económicamente activa, agoniza entre el desempleo y el subempleo; casi 6 millones de campesinos deambulan por las calles víctimas del desplazamiento forzoso. De 114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 están asignadas a la exploración petrolera y 11 millones a la minería; de las 750.000 hectáreas en explotación forestal, se proyecta pasar a 12 millones. La ganadería extensiva ocupa 39.2 millones. El área cultivable es de 21.5 millones de hectáreas, pero solamente 4.7 millones de ellas están dedicadas a la agricultura, guarismo en decadencia porque ya el país importa 10 millones de toneladas de alimentos al año”.
 
Y como respondiendo al prólogo de “El precio de la desigualdad”, el guerrillero dice con respecto a ese 1% del que habla Stiglitz: (…) “Ellos sólo piensan en el incremento de su botín, no en la reducción de la miseria”.
 
Tanto el Nobel como el guerrillero proponen un cambio inmediato de modelo económico. Y es de suponer que la respuesta que dio el vocero oficial del gobierno de Santos, Humberto de la Calle, a Márquez, resulta válida también para Stiglitz…
 
(..) “Ni el modelo de desarrollo económico que tiene Colombia en la actualidad, ni el régimen jurídico que ampara la propiedad privada, ni el modelo de inversión extranjera vigente en el país, ni la doctrina militar, serán parte de la negociación de paz entre el Gobierno y las Farc".
 
Volvamos a este libro que, seguramente, el negociador de Santos ya debe haber leído porque él es un intelectual in…
 
“Los mercados por sí solos no son ni eficientes ni estables y tienden a acumular la riqueza en manos de unos pocos, más que a promover la competencia… Las políticas de gobiernos e instituciones son propensas a acentuar esta tendencia, influyendo sobre los mercados en modos que dan ventaja a los más ricos frente al resto. La democracia y el imperio de la ley se ven a su vez debilitados por la cada vez mayor concentración del poder en manos de los más privilegiados.
 
“El precio de la desigualdad constituye una contundente crítica a las ideas del libre mercado y a la dirección que Estados Unidos y muchas otras sociedades (Colombia entre ellas) han tomado durante los últimos treinta años...”.
 
***
 
Fin de folio: Ya las Farc pueden levantarse de la mesa y dejar este libro de Stiglitz como propuesta al gobierno para que tome de él lo que a bien tenga. Aunque, a juzgar por la contundente afirmación de De la Calle, también Santos ha declarado “inamovibles” las causas subjetivas de la violencia en Colombia, de las que hablara en su momento el expresidente Belisario…
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