La manifestación pública del Presidente Santos acerca de la intervención quirúrgica que le será practicada para impedir el avance de un cáncer de próstata es un buen ejemplo de la transparencia y claridad con las cuales debe ser tratado el tema de los percances de salud de los gobernantes.

 

El pueblo tiene derecho a conocer en forma íntegra cuál es la situación real en cuanto a la salud de quien dirige y orienta los destinos del país desde el más alto cargo en la organización estatal.

 

Santos ha preferido con razón evitar especulaciones y chismes como los que tuvieron lugar en Venezuela a propósito de la enfermedad del Presidente Chávez, y transmitir sin rodeos la noticia  -acompañado por su médico-, llegando inclusive a levantar toda reserva sobre su historia clínica.

 

De una parte, eso nos ha permitido establecer desde el principio la existencia del problema, la actividad científica que ahora se emprende y la necesidad de la operación, y de otra nos ha tranquilizado en el sentido de que, por su temprana detección y las características del tumor, el Jefe del Estado no tendrá que separarse del ejercicio de sus funciones.

 

De todas maneras, es bueno recordar que en caso de ser indispensable, el Presidente así lo informaría al Senado de la República y su falta temporal sería suplida por el Vicepresidente de la República, y a falta de éste por uno de los ministros en el orden de precedencia legal que pertenezca al mismo partido del Dr. Santos.

Todos hacemos votos por el éxito de la intervención quirúrgica.

 

Imagen de www.revistafuturos.info

 

"Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos".

Martin Luther King

 

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La justicia transicional se concibe como un concepto que abarca un conjunto de instrumentos que trascienden lo estrictamente jurídico, en aras de crear las condiciones políticas e institucionales que le permitan a una sociedad, trasegar desde una realidad tozuda de violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos, a otra en la que se avizore la prevalecía de los consensos y la consolidación de los valores auténticamente democráticos, en procura de contribuir efectivamente a la reconciliación entre los antagonistas.

 

La experiencia histórica en el plano internacional, aporta elementos valiosos para la posteridad en la aplicación de los instrumentos de transición (vgr. comisiones de la verdad, penas alternativas, amnistías, indultos, reparaciones económicas y simbólicas), las cuales sirven como referente para su aplicación en el caso Colombiano, sui generis en el contexto internacional.  No obstante, el éxito de los instrumentos propios de la justicia transicional que se pretenden establecer en nuestro país, radica en consultar las particularidades propias de nuestra realidad y del inveterado conflicto armado aún insoluble, razón por lo cual, la aplicación de los instrumentos transicionales resulta todavía más novedosa y sin parangón alguno en el concierto internacional.

 

En ese contexto,  los dilemas entre los cuales se debate la justicia transicional en el país, le apuntan a lograr un punto de equilibrio entre la construcción necesaria de la verdad, la reparación de las víctimas y el cumplimiento del deber estatal de investigar y sancionar los graves abusos, frente a la gobernabilidad consensuada en la que tengan cabida los actores protagonistas de los actos de violencia que se pretenden superar y la creación de los incentivos necesarios para su reintegración productiva al seno social.  

 

Desde esa perspectiva,  las herramientas propias de la justicia transicional deben converger para lograr una paz duradera sobre bases sólidas, destacando la importancia de los instrumentos extra judiciales que faciliten ese discurrir histórico; superando a través de lecturas más integrales de los fenómenos sociales, el excesivo formalismo legal que ha caracterizado nuestra tradición jurídica y que se ha convertido en un obstáculo de vieja data para el éxito de estos instrumentos. Lo anterior bajo el entendido que este tipo de herramientas como lo advertimos, trascienden lo estrictamente normativo y se entremezclan con las necesidades políticas y sociales, en el sentido de buscar convergencias mínimas sobre las cuales cimentar un orden democrático que nos permita construir mancomunadamente un auténtico Estado Social de Derecho.   

 

Así las cosas, el diseño y aplicación de un marco de justicia transicional en el país, debe consultar las singularidades de nuestro conflicto, y exige además, el denodado compromiso de los diferentes sectores sociales y gubernamentales, para superar una etapa histórica cargada de disputas y violencias de diversa índole, a otra en la que la que prevalece la vigencia de un orden democrático, en cuyo seno tengan cabida las diferentes tendencias.  En el entretanto, no es posible pensar que ese tránsito se logrará investigando y sancionado judicialmente a todos los responsables mediatos e inmediatos de los hechos punibles consustanciales al conflicto, un cometido de tal naturaleza desborda las posibilidades físicas y humanas de cualquier aparato de justicia en el mundo y nos condenaría a perpetuar el conflicto haciéndolo insoluble en el tiempo.  Ante esa aciaga realidad, reivindicamos como un sucedáneo válido, la aplicación de los mecanismos de justicia transicional, básicamente los de naturaleza no judicial que logren conciliar los derechos de las víctimas a su reparación efectiva y la exigencia de justicia, con la estructuración de una sociedad en la cual tengan cabida los diferentes participantes en las hostilidades, concebidos a futuro como protagonistas de un proceso de transformación hacia una sociedad soñada, en la cual tengan plena vigencia derechos que hoy en día en razón al conflicto armado, para muchos colombianos sobre los pesan las consecuencias de la guerra, son simples postulados desprovistos de toda eficacia práctica.  

 

Es en ese contexto en el que los procesos de reintegración para los colombianos que dejan las armas, se erigen en una senda necesaria para transitar hacia la legalidad, de la mano con el compromiso auténtico de integrarse armónicamente y productivamente al conglomerado social.  

 

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(*) Abogado. Profesor universitario. Autor de varios artículos de fondo publicados en ELEMENTOS DE JUICIO -Temas constitucionales-.   

 

No se requiere mucho esfuerzo mental para concluir que el actual Procurador, Alejandro Ordoñez, está impedido para continuar en el cargo por dos razones fundamentales: 1). Violación de la Constitución y, 2). Desvío de funciones y abuso de poder.

 

El solo hecho de que la Corte Constitucional lo haya condenado a rectificar declaraciones sobre normas constitucionales que no solo desconocía sino que inducía a los demás a desconocer, lo deja incurso en el incumplimiento de funciones, al tenor del artículo 277, numeral 1, que dice:

(…) “Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos”.

 

El segundo cargo que se le podría imputar a Ordoñez es el de abuso de poder, que es aquel que ejerce un funcionario público en beneficio de sus intereses particulares o grupales y, por ende, en detrimento del interés general.

 

Una tercera consideración, de sentido común, también lo inhabilitaría para ejercer tan alto ministerio en defensa de los intereses de la sociedad: su confesión religiosa, no por lo católica (¡Bendito sea Dios!), sino por lo fanática (¡eh Ave María!).

 

Reelegir al actual Procurador es reelegir un alto funcionario que en nada contribuye a la tolerancia social en un país que se zambulle de nuevo en su propia circunstancia en busca de la paz.

 

Vamos a ver (al final de este pulso), qué tanta sinceridad de reconciliación hay en el alto gobierno, que todavía tiene chance de enmendar el error de la Corte Suprema de Justicia al ternar a tan provocador personaje.

Foto de www.definicionabc.com

 

No solo tenemos la gasolina más cara del mundo sino los medicamentos más caros del mundo. El  Ciprofloxacino, por ejemplo, un antibiótico usado contra las bacterias cuyas diversas especies causan enfermedades o putrefacciones internas y externas en los pacientes, tiene un costo  en China de 31 dólares, mientras en Colombia llega hasta 131 dólares, es decir, con un sobrecosto de 422,5%...

 

El Ciprofloxacino no es el único. La Norepinefrina (un antidepresivo), cuyo precio de laboratorio es de $41.314, ha sido facturada por las EPS ante el Fosyga hasta por $195.571, es decir, un sobreprecio del 473 por ciento. Y eso no es lo máximo: la Amicacina (un antibiótico bactericida), cuyo precio en el mercado es de 1.029 pesos, al Fosyga se le llegó a cobrar hasta 20.000 pesos la presentación comercial, es decir, 1.944 por ciento más.

 

Y siguen otros casos puntuales que podrían calificarse de “menor cuantía”. Por ejemplo, en las droguerías de Brasil, una caja de Aprovel, que se utiliza para tratar pacientes con tensión arterial alta, se consigue en $85.000 y en Colombia (Drogas la Rebaja), cuesta $169.900. Es decir, $84.900 más, que alcanzarían para otra caja.

 

Una tableta de Bonviva de Roche, tratamiento de la osteoporosis posmenopáusica para reducir el riesgo de fracturas, se consigue acá en $160.050, y (al cambio), en Perú en $114.500 y Argentina en $88.000. Uno pudiera apostar, sin mucho riesgo, que no encuentra en Colombia ningún medicamento más barato que en cualquier otra parte del mundo.

 

Por fuera del robo de las EPS, los altos precios de los medicamentos en el mundo entero están no solo manipulados en su fuente desde los laboratorios sino  influenciados por inescrupulosos intermediarios del sector de la salud.

 

Sobre esta mafia internacional acaba de pronunciarse en contra, en dramático relato ante un congreso de medicina en Alemania, el científico Mathias Rath, descubridor de la cura contra el cáncer, cuya droga no ha sido desarrollada por intereses económicos (Ver enlace El Satélite ).

 

Volviendo a Colombia, todavía somos víctimas del robo a la salud, acelerado desde el año 2006, cuando se liberó este comercio y quedó al albedrío de las leyes del mercado. Por tanto, no es exagerado afirmar que los medicamentos en Colombia conforman el otro “Cartel de las drogas” cuya cadena se desprende con un precio cuando salen del laboratorio; otro, cuando pasan de las farmacias a las clínicas y, vuelven a subir, cuando se los facturan al Estado. Y, por supuesto, todo a costa de la salud de todos los colombianos.

 

El “robo a la salud”, como en su momento se llamó este escándalo que el gobierno evitó dejar conocer por todos los medios y luego, cuando la presión política le saltó la tapa, lo llenó de cortinas de humo y paños de agua tibia, ahí está… Ya este debate en el país no tiene vigencia, porque ahora estamos todos pendientes qué pasa con el Proceso de Paz que, para cuando se logre configurar algo al  respecto –si es que se logra-, ya probablemente estará a punto de prenderse otra guerra con los que ahora estamos en paz.