Desde 1992, el Estado Mayor del Bloque Oriental, la columna Juan de la Cruz Varela, el frente 22 de las farc y el eln urbano, estaban cercando Bogotá. En el 2003, un gobierno decidido lanzó la Operación Libertad con la Fudra, las Brigadas 13 y Móvil 8 y puso en fuga a los terroristas, obligando al aparato militar fariano a volver a la guerra de guerrillas. Ya desde el 2000, Castro y Chávez intentaban crear un bloque político latinoamericano utilizando el embrujo de su palabrería, los petrodólares venezolanos y el apoyo de intereses extra continentales. Unasur, Alba, Celac, etc…solo estropicios. Su antecedente referencial histórico era La Gran Colombia de Bolívar, que duró una década. Hoy, convergen para una nueva intentona, los apremios de un chavismo decadente y las ambiciones de personalidades sicópatas.

La declaración de alias "Iván Márquez", "el paisa",  "Romaña", "Jesús Santrich" y los demás guerrilleros de las Farc, en la que anuncian su decisión de retomar las armas, no debe tomar a nadie por sorpresa. Es algo calculado desde hace tiempo.  

Los errores cometidos por los órganos estatales y los incumplimientos    han sido muchos y ostensibles, desde la firma del primer Acuerdo de Paz (Cartagena, 26 de septiembre de 2016). El primero de todos: la burla de la voluntad popular expresada en el plebiscito del 2 de octubre de ese año; el "Fast track"; la aprobación apresurada y sin discusión de los proyectos de reforma constitucional y legal; la debilidad del control de constitucionalidad y las confusas y contradictorias sentencias de la Corte Constitucional -que acaba de criticar el propio Iván Márquez-; la creación de la JEP mediante normas oscuras e incoherentes en que no fueron adecuadamente delimitadas las competencias; la elección de los magistrados de la JEP por parte de extranjeros; la posesión de los magistrados de la JEP antes de expedir las normas procesales y estatutarias; la falta de previsión en materia presupuestal para cumplir lo pactado.

"Jesús Santrich", solicitado en extradición por Estados Unidos, estuvo preso durante un año a la espera de que se le definiera su situación jurídica; la JEP no decidía, y cuando decidió, lo hizo por fuera de su competencia, declarándolo no extraditable y dejándolo en libertad. Nuevamente detenido, no perdió su investidura porque se consideró que si no se había posesionado, ello ocurrió por fuerza mayor; y la Corte Suprema de Justicia le reconoció el fuero de congresista sin posesión; no tramitó el proceso y ordenó su detención solamente tras la fuga. La JEP no resolvió a tiempo sobre el recurso presentado por la Procuraduría.

En cuanto a "Márquez", "el paisa" y "Romaña", la JEP no les exigió su presentación; fue débil ante ellos; admitió cartas y abogados, sin presencia de los procesados, y ahora, tardíamente, inicia los trámites para despojarlos de los beneficios, y todavía sólo hay lamentos públicos de los funcionarios -diciendo que confiaron y que se traicionó su confianza-, pero no hay decisiones judiciales.

Y quienes proyectaron las equivocadas normas dicen que "no se debe armar una tormenta en en vaso de agua".  Pero "Márquez" y sus amigos le han vuelto a declarar la guerra al Estado y destrozado el Acuerdo de Paz.

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