El rol del Congreso -cuyos integrantes representan al pueblo- es trascendental en nuestro sistema democrático. Más allá de lo que significa, dentro del esquema de separación y equilibrio de funciones, el poder de expedir las leyes -la función legislativa, que ha de ejercer de manera autónoma, como lo expresaran Locke y Montesquieu-, aquí goza de atribuciones suficientes para reformar la Constitución, ejercer el control político sobre  gobierno y administración, aprobar moción de censura contra ministros y otros funcionarios, y hasta competencia para juzgar y condenar a los magistrados de las altas corporaciones judiciales, al Fiscal General de la Nación y al Presidente de la República.

El pasado 12 de julio, la CIJ indicó que daría a conocer su opinión consultiva (solicitada en diciembre del 2022 por la Asamblea General de Naciones Unidas) el viernes 19 de julio del 2024: al respecto, véase el comunicado de prensa oficial difundido (en francés y en inglés ) del 12 de julio por la CIJ, muy pocamente referenciado, tanto en la prensa internacional como nacional. 

Por un vicio de trámite -consistente en no haber verificado la sostenibilidad fiscal-, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Ni global ni per cápita el PIB es la medida adecuada para calificar el bienestar social relativo de la población de cualquier país.