Son muchos los asuntos que se deben resolver en 2018. Lo más inmediato, lo relativo a la elección presidencial y la composición del nuevo Congreso.

Algunos dirigentes de las Farc han afirmado públicamente  que esa organización ha cumplido el Acuerdo Final pactado con el Gobierno el 24 de noviembre de 2016, pero que al Gobierno –nos parece que entienden por tal el Estado en su conjunto, y por tanto incluyen al Congreso, al Fiscal General, al Procurador, y hasta a la Corte Constitucional y a todos los órganos del poder público- le ha faltado voluntad y compromiso con la paz y, en consecuencia, no ha cumplido todo lo convenido.

El 24 de diciembre del 2017, Guatemala anunció que trasladará su embajada de Tel Aviv a Jerusalén (véase nota de The Guardian y reacción entusiasta de Israel en esta nota de SwissInfo, así como de Estados Unidos en esta otra nota). El hecho que Estados Unidos e Israel consideraron en los últimos días del 2017 como un acierto esta decisión del Presidente de Guatemala no impide que, desde la perspectiva del derecho internacional público, se considere totalmente desacertada. 

La Corte Constitucional, en Sentencia C-816 del 30 de agosto de 2004, manifestó, respecto al cumplimiento de los requisitos indispensables para que se entiendan aprobadas las leyes y los actos legislativos: