Opinion (2284)
John Marulanda
ABOGADO. Consultor Internacional en Seguridad y Defensa.
Un profundo conocedor de nuestra siquis colectiva dijo: "Uncido el pueblo (latino) americano al triple yugo de la ignorancia, de la tiranía y del vicio, no hemos podido adquirir ni más saber ni poder ni virtud".
En Harvard, hace pocos días y ante escasa audiencia, me cuentan mis condiscípulos, Sergio Jaramillo trató penosamente de explicar lo que se cuece en La Habana. Me obligué a la molestia de leer su perorata. Si ese es el marco conceptual y teórico de lo que se guisa en la satrapía de los Castro, no puedo menos que descorazonarme. De ese ensimismado alegato, menciono dos aspectos vitales. Uno: con casi el 80 % de la población urbanizada y el 86 % de los municipios libres de la influencia terrorista, se está negociando una ambigua "territorialidad" de la paz con un grupo militarmente debilitado y cuyo interés manifiesto es el de crear feudos y cogobernar a punta de fusiles, como lo hacen actualmente en Putumayo, Arauca y Catatumbo, fronteras con países vecinos declarados socialistas.
Juan Camilo Restrepo se olvidó de sus "Republiquetas" y salió a tratar de calmar la desazón que genera tal "territorialidad". Es tarde: los bárbaros ganan. Dos: el asunto se agrava cuando el de andar oblicuo y mirada esquiva, intenta igualar justicia con cooperación para justificar lo injustificable: la impunidad. En medio de sus elucubraciones seudo político-filosóficas este Jaramillo cree, ¡Ay…, que la paz en un Estado serio se fundamenta sobre la impunidad. Mientras el plenipotenciario no tiene ni remota idea de los principios básicos de la geopolítica, los de las farc, para quienes, según Lenin, la política es la continuación de la guerra, sí. Tales "actos de imaginación" como el negociador los llama, no son sino equivocaciones que nos llevarán a futuros traumas. Me temo que "El Juicio de Dios" (la violencia) seguirá pesando sobre nuestra sociedad, merecedora de la élite viciosa que nos ha mal administrado durante 200 años y que ahora duda si aplicarle la ley o no a un jefazo terrorista.
Pero lo más irritante de la parrafada de Jaramillo es su jactanciosa conminación final. "No va a haber otra oportunidad para la paz", amenaza para intimidar parvularios, remedo de Madame Pompadour: "Después de nosotros….el diluvio".
Si un acuerdo no cuaja con la gerontocracia fariana, algo que veo improbable, pues un gobierno, tan sensato y realista como lo elijamos, terminará la tarea a medio hacer de doblegar por la fuerza legítima del Estado a los reductos narcoterroristas para someterlos al único imperio posible: el de la ley y la justicia. Y es ridículo querer asustarnos con esa oportunista frase de cuño reeleccionista. Seguimos, pues, sin saber ni poder ni virtud, como lo dijo Bolívar en 1812.
En Harvard, hace pocos días y ante escasa audiencia, me cuentan mis condiscípulos, Sergio Jaramillo trató penosamente de explicar lo que se cuece en La Habana. Me obligué a la molestia de leer su perorata. Si ese es el marco conceptual y teórico de lo que se guisa en la satrapía de los Castro, no puedo menos que descorazonarme. De ese ensimismado alegato, menciono dos aspectos vitales. Uno: con casi el 80 % de la población urbanizada y el 86 % de los municipios libres de la influencia terrorista, se está negociando una ambigua "territorialidad" de la paz con un grupo militarmente debilitado y cuyo interés manifiesto es el de crear feudos y cogobernar a punta de fusiles, como lo hacen actualmente en Putumayo, Arauca y Catatumbo, fronteras con países vecinos declarados socialistas.
Juan Camilo Restrepo se olvidó de sus "Republiquetas" y salió a tratar de calmar la desazón que genera tal "territorialidad". Es tarde: los bárbaros ganan. Dos: el asunto se agrava cuando el de andar oblicuo y mirada esquiva, intenta igualar justicia con cooperación para justificar lo injustificable: la impunidad. En medio de sus elucubraciones seudo político-filosóficas este Jaramillo cree, ¡Ay…, que la paz en un Estado serio se fundamenta sobre la impunidad. Mientras el plenipotenciario no tiene ni remota idea de los principios básicos de la geopolítica, los de las farc, para quienes, según Lenin, la política es la continuación de la guerra, sí. Tales "actos de imaginación" como el negociador los llama, no son sino equivocaciones que nos llevarán a futuros traumas. Me temo que "El Juicio de Dios" (la violencia) seguirá pesando sobre nuestra sociedad, merecedora de la élite viciosa que nos ha mal administrado durante 200 años y que ahora duda si aplicarle la ley o no a un jefazo terrorista.
Pero lo más irritante de la parrafada de Jaramillo es su jactanciosa conminación final. "No va a haber otra oportunidad para la paz", amenaza para intimidar parvularios, remedo de Madame Pompadour: "Después de nosotros….el diluvio".
Si un acuerdo no cuaja con la gerontocracia fariana, algo que veo improbable, pues un gobierno, tan sensato y realista como lo elijamos, terminará la tarea a medio hacer de doblegar por la fuerza legítima del Estado a los reductos narcoterroristas para someterlos al único imperio posible: el de la ley y la justicia. Y es ridículo querer asustarnos con esa oportunista frase de cuño reeleccionista. Seguimos, pues, sin saber ni poder ni virtud, como lo dijo Bolívar en 1812.
Publicado en
Opinion
John Marulanda
ABOGADO. Consultor Internacional en Seguridad y Defensa.
Los movimientos guerrilleros de América Latina se quedaron estancados en un pasado que las nuevas generaciones no conocen.
“América Latina no ha tenido una guerra formal en décadas.”
La ONU acaba de citar a Colombia como el país con el mayor número de víctimas de minas personales en el mundo. Triste récord atribuible a las FARC.
Shaul Kimhi, psicólogo israelita con quien hemos recorrido medio mundo hablando de terrorismo, me pregunta con insistencia: “¿Por qué matan las FARC?”. Nadie lo sabe con certeza. Ellos lo justifican de manera unívoca, avinagrada y típica latinoamericana: contra el imperialismo norteamericano culpable de todos nuestros males, por supuesto; por defender al pueblo al que hay que masacrar para salvarlo, naturalmente y un etcétera que causaría bostezo si no fuera por el drama que implica.
Y es que las acciones de los reductos “alzados en armas” no parecen ceder del todo en la región. Hace diez días, el Ejército del Pueblo Paraguayo atacó una estación castrense en Paso Tuja, asesinó un suboficial y perdió dos de sus hombres en la reacción militar, mientras Sendero Luminoso, hace menos de un mes, hostigó un destacamento militar en Kiapashato.
A mediados de la segunda década de este siglo 21, estos grupos “revolucionarios”, como se autoclasifican, ¿representan un verdadero riesgo para los estados? Dejando de lado las consideraciones políticas, miremos las características tácticas y operacionales de estas células.
Las FARC, por ejemplo. Militarmente están desestructuradas y moralmente corrompidas por el narcotráfico. Tienen seriamente averiado su C3: Comando, Control y Comunicaciones. Su actividad armada es puramente defensiva y de retirada, evidente en el sembrado de minas que mutilan civiles y soldados indiscriminadamente y que, a la postre, los afectara más a ellos que a las fuerzas del Estado; en el uso de francotiradores en zonas aisladas, contra unidades desatentas; en el lanzamiento de morteros caseros de mortal imprecisión que casi siempre destruyen residencias de ciudadanos inermes, y en el saboteo de la infraestructura petrolera.
No pueden ir más allá. Los años de La Ofensiva, cuando se atrevieron a confrontar batallones de contraguerrillas, son cosa del pasado. Además, cada una de estas acciones armadas, que no militares, les carga un coste político mayúsculo.
Hay otro factor importante: las fuerzas militares colombianas, por su lado, han venido disminuyendo la ofensiva impulsada por el gobierno anterior y que les permitió descabezar a la organización que, después de medio siglo de guerrilla, se encuentra arrinconada en las fronteras con Ecuador y Venezuela, dedicada al narcotráfico y con su gerontocrática jefatura en La Habana, disfrutando los placeres de la nomenklatura cubana mientras repiten la cantinela de los 60’s sobre una supuesta liberación.
¿Pueden recuperarse militarmente? Muy difícil. Su armamento es aun rudimentario y su tercera generación de cabecillas es un grupo de jóvenes mini capos con poses de raperos, gafas de marca, cadenas de oro y amantes siliconadas. En el olvido quedó el ascético y barbudo guerrillero creador del hombre nuevo latinoamericano, encomendado a las bendiciones de San Che Guevara, quien hoy hace milagros en La Heras, Bolivia, bajo el padrinazgo de Evo.
Sendero Luminoso es otro doloroso ejemplo del cauce que tomaron en Latinoamérica los grupos armados promotores del marxismo-leninismo-maoísmo. Acorralados en el VRAEM (valles de los ríos Apurímac, Ene Mantaro), una patulea de unos 100 muchachos con cara de sorpresa unos y resignación otros, medran al lado de narcotraficantes que los proveen de las ganancias mínimas de la cadena de producción de cocaína.
Acosados por las fuerzas del estado, periódicamente balean helicópteros, sabotean el gasoducto de Camisea, acosan destacamentos policiales y retienen comunidades aisladas. Durante febrero lanzaron ataques contra bases militares en Kepashiato, Cusco, y en Mantaro y Ccano, Ayacucho, en una tardía reacción a la baja de sus dos últimos jefes “Alirio” y “Gabriel”, en noviembre pasado. Mientras el narcotráfico, su único sustento, evoluciona y crece en el país, su ideario maoísta se derrite a pesar de quintacolumnistas que en Lima buscan recuperar lo que perdieron irremediablemente: la atención de la gente.
Algo similar a Bogotá, en donde algunos simpatizantes de los farucos, insisten en lavar la cara del grupo desde la tribuna política o posando de estudiosos y científicos sociales. Sendero agoniza. Las FARC se disuelven.
El EPP, un reducido grupo marxista leninista, delinque en el Departamento de Concepción, frontera con Brasil, un área del Paraguay muy activa en narcotráfico. Entrenados por las FARC desde hace más de una década –recuérdese el caso de Cecilia Cubas- son débiles en su accionar armado y no trascienden los secuestros ocasionales, esporádicos ataques a unidades policiales descuidadas y asesinato de vigilantes indefensos.
Por supuesto, esgrimen argumentos ideológicos inentendibles para los jóvenes paraguayos, además de corear un himno que nada tiene que envidiarle a un narcocorrido grupero mexicano. Dado lo ralo del grupo, la reciente baja de dos de sus dirigentes, Bernal y Silva, es un golpe serio que los pondrá en retirada por un buen tiempo, mientras las fuerzas militares y policiales del estado avanzan en el control territorial y en la lucha contra el narcotráfico. El epp puede desaparecer por sustracción de materia.
FARC, Sendero y EEP, pues, no tienen un futuro muy claro en Suramérica. Y si todavía sueñan con multitudes recibiéndolos enloquecidas en las calles, como libertadores, el caso no es de insurrección sino de psiquiatría.
En Nicaragua, un encuentro armado en Jinotega en marzo pasado y que se saldó con la baja de dos individuos señalados como narcotraficantes por el gobiernos orteguista, reactivó fuertes rumores de un movimiento armado en el norte del país, hipótesis no descartada por el obispo Petray después de que en Ayapal, cerca de la frontera con Honduras, diez hombres fueron muertos por fuerzas del estado el pasado diciembre. ¿Guerrilla en Nicaragua? No descartable pero aún está por verse.
La situación actual de intranquilidad social en Venezuela ha llevado a algunos a preguntarse si es posible que surja un movimiento armado en contra de un gobierno ineficiente. El general en jefe Padrino declaró en Puerto Ordaz, el pasado marzo, que el país enfrentaba una “insurgencia armada” y una balacera en el Táchira en donde fue dado de baja un colombiano. Fue titulado como un combate contra fuerzas paramilitares, clasificación más política que real pues quienes delinquen en esa frontera son bandas criminales dedicadas al narcotráfico, el secuestro y la extorsión. FARC entre las tales. Un conflicto civil es más probable que una guerrilla como alguna de las tres antes mencionadas.
América Latina no ha tenido una guerra formal en décadas. Sin embargo, es en la actualidad la región más peligrosa del mundo: la rata de homicidios, las estadísticas de secuestro y extorsión, el narcotráfico, la corrupción y la impunidad han llevado a que las empresas en la región inviertan en promedio hasta un 3% de sus gastos operacionales en seguridad. Seis de las 10 ciudades más violentas del mundo son latinoamericanas.
En este entorno, las sociedades latinoamericanas en general hoy le endilgan un cariz delincuencial, criminal, a cualquier movimiento “alzado en armas” que surja. Y no están equivocadas. FARC, Sendero y EPP lo confirman con sus estrechos vínculos narcotraficantes. Los argumentos ideológicos ya no calan fácilmente en las mentes de los jóvenes urbanos e interconectados de hoy. Para ellos, la lucha armada y la guerra prolongada no sirven para solventar su pobreza o desempleo: el crimen organizado ofrece resultados inmediatos y evidentes sin tener que sufrir el confinamiento del monte o de la selva.
Además, la política es el menor de los intereses de los muchachos de la región: están tan desprestigiados los gobernantes y los políticos. Mejor un empleo en una empresa privada que un puesto en el Estado y, si no hay oportunidad, pues mejor ser “Halcón” que guerrillero. Y si se arriesgan a la balacera es por billete.
“Rápido y Furioso” jala más que “Socialismo y sacrificio”. “¿Quién es Marx?”, preguntó un menor de edad de las FARC mientras entregaba su AK-47, al momento de rendirse al Ejército.
Publicado en
Opinion
ATAQUES CON ÁCIDO: UN CRIMEN HORRENDO
03 Abr 2014
1752 veces
Escrito por
Jose Gregorio Hernandez Galindo
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Ex Magistrado de la Corte Constitucional
Director de http://www.lavozdelderecho.
Ya son muchos los casos, ocurridos en distintas ciudades colombianas, en que una persona ataca a otra arrojándole ácido al rostro con el propósito evidente de causar su desfiguración. Las víctimas de esta inconcebible modalidad delictiva han sido mujeres, en su inmensa mayoría. En estos días nada más, Natalia Ponce de León -33 años-, en Bogotá, fue agredida cobardemente por un individuo que, al momento en que escribo estas líneas, no ha sido capturado, quien le causó gravísimas heridas en distintas partes del cuerpo. También en la capital de la República, una mujer, por causa de una pelea con su vecina, le lanzó ácido al rostro desde un segundo piso. En Barranquilla, otra mujer fue víctima de una pareja que la atacó con ácido, cuando llegaba al gimnasio.
Con independencia de los móviles –que generalmente han sido los celos, el despecho, la venganza o el resentimiento- y dejando aparte el evento extraordinario de la legítima defensa (hace años la justicia francesa admitió como tal el caso de una mujer que estaba siendo violada y no encontró a mano otro elemento de defensa frente a su corpulento agresor), lo cierto es que nada justifica esta conducta punible, pues –considerando la magnitud de sus efectos en la víctima y la extrema indefensión de ésta, generalmente tomada por sorpresa y sobre seguro- se trata de un delito atroz.
El hecho se caracteriza por la cobardía, la crueldad y la sevicia del autor, y podemos afirmar que casi siempre hay premeditación. Se ataca a sabiendas del mal que se causará. Muchos opinan inclusive que, desde el punto de vista de la víctima, el daño es tan grande, sufre de tal manera la integridad física y sicológica de la persona y se afecta tan seriamente su vida futura y la de su familia que en su gravedad equivale al homicidio.
De allí que resulte incomprensible que todavía se considere incluido en el tipo penal de lesiones personales, así sea como causal de agravación y aunque la pena se aumente, como se propuso y aprobó en el Congreso en 2012. A mi juicio y con el debido respeto a los legisladores, este delito y todos aquellos similares, que impliquen afectación grave e irreversible de la integridad de la persona –el uso de sustancias químicas corrosivas distintas del ácido, por ejemplo- representan una modalidad delictiva que va mucho más allá de las lesiones personales, en especial cuando se compromete el rostro de la víctima, toda vez que tras el ataque y aunque los cirujanos plásticos hagan milagros, la vida de aquélla y la de sus allegados se modifica sustancialmente. No es sino escuchar los dolorosos testimonios difundidos por los medios de comunicación siempre que se conoce públicamente uno de estos casos.
Es un crimen horrendo. Se requieren penas drásticas; decisiones judiciales efectivas e inflexibles; no permitir beneficios ni disminuciones de penas; regulación y controles administrativos sobre la comercialización y venta de ácidos. Y en especial, tenemos que revisar cómo estamos educando a nuestros niños y jóvenes, porque es inexplicable que nuestra sociedad haya producido tantos y tan peligrosos enemigos del género humano.
Publicado en
Opinion
John Marulanda
ABOGADO. Consultor Internacional en Seguridad y Defensa.
ACORE. La Asociación de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares, Acore, reeligió a su actual presidente, general (r) Ruiz Barrera y a su junta directiva, o ¿Estado Mayor?
En servicio activo, todos los militares miran con cierta curiosidad, desdén algunos, pero siempre con respeto y cortesía a los "retirados". Nunca se imaginan, mientras lidian con los problemas del mando y las complejidades de la guerra maluca del país, que algún día pasarán a integrar esa organización que reúne la reserva activa del país.
La realidad es que esta asociación de militares en civil tiene un potencial político incalculable. John K. Galbraith en su ensayo "Cómo controlar a los militares " (Doubleday, 1969) explica por qué las estructuras militares son superiores a las agrupaciones políticas: objetivos claros, jerarquías sólidas, disciplina severa, tradición, lazos de sangre y, por supuesto, empleo técnico de la fuerza, de las armas. Claro que la disidencia, la oposición y el debate son, con todo, características de un sano ejercicio político. Actúa la Acore, entonces, como le corresponde: con prudencia política, sin vocación de poder y buscando el bienestar de sus asociados. La dispersión en sus bases, filas, debiera decir, es propia de hombres quienes tras muchos años de ser tratados como ciudadanos de segunda, recobran su ciudadanía plena y su libertad de acción, lo cual es entendible, aunque irresponsable en los momentos trascendentales que se están viviendo en el país y en la región.
Con los bárbaros próximos a instalarse en el Congreso ostentando la impunidad de un Estado contemporizador y con vecinos armados, en crisis y vociferantes, nuestros veteranos de la Acore deben reposicionarse más allá del simple anecdotismo. La actividad mediática del reelegido presidente, los comunicados denunciando la aviesa actitud de algunos fiscales y jueces en contra de nuestros soldados, los pronunciamientos sobre la trama de La Habana, no pueden pasar como una simple curiosidad. Urge reagrupar los cuadros, traer a la cohorte las otras organizaciones de retirados militares, respetando su palmarés y hacer lo que los militares hacen mejor: un plan de campaña para el postconflicto. Más del 90 % de los ciudadanos colombianos apoyamos a nuestros militares. No nos gustan haciendo leyes ni gobernando: mírese si no los resultados electorales recientes. Pero sí los queremos apoyando a los que están combatiendo a los narcoterroristas de las farc y eln y protegiendo a los ciudadanos inermes frente a los matones creadores de supuestas nuevas patrias sin papel. Un formidable frente de defensa de la democracia decente en Colombia, sería la Acore. Lástima que los sentimientos y no la razón, sean los que predominen en la organización, ante el pláceme de muchos que insisten en ver a la Acore como "los retirados" simplemente.
La Acore es Reserva Moral de Colombia y su recién reelegido presidente tiene un reto histórico en el que se juega el futuro del país.
Publicado en
Opinion
