He leído todos y cada uno de los documentos conocidos de los coloquios de La Habana. Muchos bostezos y no poco tedio, la verdad. Conclusión simple: el Gobierno, en cabeza de un delfín de la vieja elite que nos metió en esta guerrita, juega a la clásica cooptación: ¡que los matachines se desahoguen, ablandarlos con vida burguesa, ofrecerles alguna opción gananciosa y listo… Muy pronto pasarán de asesinos a corruptos.

Paralelamente mantener a raya a los opositores al proceso: usar el Congreso, la justicia, la gran prensa y el dinero del Estado. ¿Y los militares? Debilitarlos. Desmotivarlos, confundirlos con inocuos mensajes diseñados por algún publicista descontextualizado que no distingue entre un milico y un militar colombiano: grave error de una repetitiva estrategia de clanes en donde el poder ha sido coto de caza familiar desde 1812 y el pueblo ha sido mirado como gaminería. 

Los farianos, por su lado, no cejan en el proyecto estaliniano de una Nueva Colombia, tipo Venezuela, mientras continúan asesinando para chantajearnos y obligarnos a su tipo de paz. Pero ya no asustan y cada día generan más antipatía, rayando en odio. El Gobierno escogió para su reelección un socio detestado. En "La marcha de la locura o la tontera: de Troya a Vietnam", la historiadora Bárbara W. Tuchman (FCE, 1989) repasa casos históricos en los que gobernantes han actuado de forma contraproducente a los intereses del país que dirigían. Parece que el actual es uno de esos casos en donde "la insistencia en medidas fallidas multiplica los daños, tornándose en práctica autodestructiva". Mientras el Presidente-candidato y su opositor le apuestan a la paz, el jefazo de las farc aclara que Santos y Zuluaga son la guerra.

Los grecoquimbayas De la Calle y Timochenko enredan la pita, Mora sale al quite a pesar del sibilino Jaramillo y otro caldense promete darle nitidez y certidumbre a un proceso macilento en el tiempo y en los argumentos.

Así las cosas, votaré por la paz, definitivamente, pero por una paz en términos y cauces institucionales y encuadrada dentro de un Estado de derecho serio, sin impunidad, sin vodevil. Y como no tenemos armas, amigos míos, debemos aplastar con nuestros votos las malsanas intenciones de los barbudo-talibanes criollos mientras apoyamos a nuestros soldados, que aunque desmotivados, siguen ofrendando su sangre para que podamos ejercer el derecho a escoger. Y sin miedo, que si los terroristas se levantan de la mesa, peor para ellos. El país no colapsará y habrá oportunidad de terminar la tarea que, por una concepción virreinal equivocada, quedó a medio concluir.

Recordemos a José Acevedo y Gómez la tarde del 20 de julio de 1810: "…si dejáis escapar esta ocasión única…."

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO
Ex Magistrado de la Corte Constitucional
Director de http://www.lavozdelderecho.com/

 

Como consta a los lectores de esta columna, mi posición frente al actual gobierno no ha sido propiamente la de defensor entusiasta de sus políticas y decisiones. Por el contrario, desde la Academia  he criticado con franqueza todo aquello que me ha parecido erróneo; el criterio neoliberal que ha predominado  en materia económica y social; la consagración de la sostenibilidad fiscal para postergar indefinidamente la efectividad del Estado Social de Derecho; la ambivalencia frente al fallo de la Corte de La Haya; el incumplimiento de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los posteriores bandazos presidenciales en el “caso Petro”; su injustificado propósito de inutilizar la acción de tutela; en fin, varias  improvisaciones y contradicciones en temas trascendentales.

Ello, sin perjuicio de reconocer  los aciertos de la administración, en especial su positiva actitud y su perseverancia  en busca de la terminación del conflicto armado. Un proceso en verdad  inaplazable tras cincuenta años de violencia fratricida, en el cual se ha avanzado mucho más que en oportunidades anteriores. La guerra ha sido inútil: no ha producido sino más guerra y más muertos.

 Es claro que, si este proceso tiene éxito, habremos salvado muchas vidas. Si volvemos a fracasar, nos quedará la tranquilidad de haber hecho todo de buena fe, como creemos que lo ha hecho Santos. Apoyar al presidente en esta materia es, como dice la Constitución sobre la paz, un derecho y un deber ciudadano.

 Como puede verse, no he sido ni gobiernista a ultranza, ni acérrimo opositor. He preferido analizar objetivamente lo actuado por un gobernante por el que no voté hace cuatro años, porque lo veía como continuador de la administración Uribe, de la que tampoco fui devoto seguidor.

He sido crítico  permanente de la figura de la reelección desde cuando se propuso. Fue un caballo de Troya, dañino y pernicioso, introducido para desarticular, como se ha logrado en buena medida,  la Carta Política de 1991.

Pero la reelección es hoy constitucional, y Juan Manuel Santos tiene legítimo derecho a aspirar, como lo hizo su antecesor, a ser reelegido.

Pasada la primera vuelta, hay sólo dos posibilidades: Santos o Zuluaga. Nadie más. Dos candidatos del mismo origen -ambos vienen del uribismo-,  con parecidos criterios políticos, y con tendencias similares en materia jurídica, económica y social. Pero debo votar. Como no me parece válido el abstencionismo, y el voto en blanco en la segunda vuelta no tiene efecto constitucional alguno, selecciono según el único punto que diferencia a los candidatos: la búsqueda de la paz mediante el diálogo, esencial y urgente. Votaré por Santos.

Ahora bien. Hay una gran polarización en el país. Cualquiera de los dos puede ganar, y seguramente habrá una votación reñida: pocos votos harán la diferencia. Si la ventaja es reducida, como es probable, el país agradecerá al perdedor que acepte los resultados sin pataletas, como corresponde hacerlo en una democracia.