Definitivamente, no fue el certamen electoral del 25 de octubre el proceso más pacífico y tranquilo de los últimos años, como lo anunciaron los voceros oficiales. Además de varios actos de vandalismo ocurridos en algunos lugares del territorio, un crimen horrendo, contra la democracia y contra el país, tuvo lugar no bien culminadas las votaciones: en Güicán (Boyacá), en el curso de un acto premeditado, inhumano y completamente incomprensible, la guerrilla del ELN emboscó y asesinó al menos a once militares y a un policía que custodiaban material electoral; secuestró a otros y sembró de minas el lugar de la masacre para que murieran también quienes fueran a rescatar los cadáveres. Flagrante violación del Derecho Internacional Humanitario. Verdadero dolor de Patria, rabia y desconcierto en toda la Nación.

 

Aunque es conocida la estrategia de las organizaciones guerrilleras ante la posibilidad de un proceso de paz, consistente en intensificar los ataques contra la población, la infraestructura energética o la Fuerza Pública, con el objeto de mostrar mayor fortaleza ante el Gobierno y  obtener mayor capacidad de negociación, ello no explica, ni  justifica, ni legitima la comisión de crímenes de guerra, ni de lesa humanidad.

 

El hecho de que esa estrategia haya dado frutos en el pasado no significa que sea siempre efectiva, y, sin ir más lejos, ya escuchamos al Presidente de la República decirle esta semana al ELN -tras el crimen cometido contra los uniformados- que, si el mencionado es su propósito, están muy equivocados, porque el Ejecutivo no piensa ceder a semejantes presiones.

 

No sabemos si el doctor Santos se sostenga en esa posición, pero hay que decir que es la correcta. Así matanzas como la mencionada puedan parecer a los guerrilleros algo “natural en un conflicto armado”, como siempre lo dicen al reconocer sus crímenes, ello no puede ser aceptado por el Gobierno, a la luz de la Constitución y de las leyes de la República. Permitir que el chantaje, por la vía del crimen, sea un camino efectivo para iniciar diálogos y  proceso de negociaciones hacia la paz, no sería otra cosa que sacrificar el imperio del Derecho y poner en peligro a toda la población, mostrando debilidad y flaqueza. Por el contrario, si se había avanzado en la búsqueda de los mecanismos y procedimientos que facilitaran los acercamientos -y si bien habría sido deseable extender al ELN el proceso de paz, para que ella no fuera incompleta-, crímenes como el cometido; la cobardía con la que se llevó a cabo la matanza; la sevicia con los uniformados indefensos; el inmenso dolor causado a familias humildes…son motivos más que suficientes para regresar el punto de partida y para que se haga valer, en todo su vigor, el uso legítimo de las armas, a cargo del Estado, en defensa de las personas y de las instituciones.

 

El Jefe del Estado no puede faltar a su juramento de cumplir la Constitución y de proteger a los habitantes de Colombia.