Una realidad: han sido los medios de comunicación –unas veces los electrónicos, otras los impresos- los que han destapado los grandes escándalos de corrupción y alertado al país acerca de la existencia de organizaciones delictivas enquistadas en organismos públicos y en entidades privadas, y conciertos para delinquir en los cuales toman parte funcionarios y particulares.

Medios y periodistas, en ejercicio de su libertad de información, establecieron hace años –antes, inclusive, de la Constitución de 1991- las unidades investigativas, que permitieron evitar la impunidad en numerosas ocasiones. Y en años recientes ha sido por conducto de los medios que la opinión ha tomado nota de escándalos tan graves como los mal llamados falsos positivos –verdaderos crímenes de lesa humanidad-, las interceptaciones ilegales de comunicaciones -las de ayer y las de hoy”-, la “parapolítica”,  los privilegios existentes en cárceles comunes y en reclusorios militares; los “carruseles” de la contratación; los casos de corrupción en el Ejército, en municipios y departamentos  y en algunos despachos judiciales; las “pirámides”; las estafas en la Bolsa; la “mermelada” repartida para comprar conciencias… En fin, una labor que, salvo casos muy excepcionales en que se ha afectado la honra y el buen nombre de personas inocentes (lo que también ha ocurrido, y es malo que haya ocurrido), ha sido en general fundada en hechos reales y probados, o cuando menos ha dado lugar a la actuación de los órganos de control e investigación.

Bien por los medios. Pero merece análisis el hecho de que normalmente sean los medios los que primero lleguen y que sólo hasta entonces actúen las autoridades, tanto las gubernamentales como las de control. Ya se ha vuelto costumbre que el Estado, cada vez con mayor  frecuencia,  tome sus decisiones “a remolque” de los informes periodísticos y como consecuencia de los escándalos.

Así, por ejemplo, no es edificante, y por el contrario, desalentador, que el Gobierno –el Presidente de la República, el Ministro de Defensa- hayan sido “chiviados” por la revista Semana, dos veces en menos de quince días, sobre las interceptaciones ilegales de “Andrómeda” y la corrupción en algunos estamentos del Ejército. El conocimiento público tardío de tales hechos ha dejado al descubierto que el Ejecutivo no tenía control alguno en esas materias, o –lo que sería peor- que todo se produjo a su ciencia y paciencia, y sin ninguna indagación de carácter interno. La deplorable actuación gubernamental ha consistido en una sucesión desordenada de determinaciones  a posteriori, por cuya forma improvisada y equivocado manejo se ha perjudicado en algunos casos a oficiales cuya presunción de inocencia no ha sido desvirtuada –no hay nada más dañino que la siembra de la duda-,  amenazando además con desprestigiar a toda la institución militar, que, en cuanto tal, no lo merece.