La crisis institucional, política y jurídica que vive Colombia es muy grave, no solamente por cuanto el propio Congreso, por iniciativa del Gobierno, ha sustituido la Constitución de 1991 -sin que la Corte Constitucional haya hecho nada en defensa de dicho Estatuto- sino porque se ha perdido por completo la independencia entre las ramas y órganos del poder público; el Congreso es un apéndice del Ejecutivo, y el sistema de frenos y contrapesos no funciona. Pero, además, la corrupción se ha adueñado del país, de las instituciones y de los partidos, como lo demuestra el cada día más grande  escándalo generado por los sobornos y las "coimas" de la firma brasileña ODEBRECHT  a servidores públicos y a las campañas presidenciales de 2010 y 2014, y lo vemos también en el caso REFICAR, entre otros.