No creo necesario recordar que, siendo la Constitución norma de normas, como lo declara el artículo 4 de la colombiana -expresión que resalta le vigencia del principio de supra legalidad o supremacía de la Carta Política-, hay en todo sistema jurídico una jerarquía normativa, de suerte que las normas inferiores han de respetar a las superiores tanto desde el punto de vista formal como desde el material, y a la vez, todas las disposiciones que componen el orden jurídico estatal se supeditan a la Constitución.

Una marcada tendencia del aparato represivo del Estado en América Latina tiende, desde varios años, a considerar como delincuentes y a acusar por delitos penales (desobediencia a la autoridad, bloqueo o cierre de calles, violencia callejera, daños a la infraestructura, difamación, etc...) a diversos líderes comunitarios, indígenas, campesinos, ecologistas, sindicales y estudiantiles. La discusión en Chile alrededor del proyecto de ley Hinzpeter entre el 2011 y 2013 ilustra esta tendencia (véase declaración pública de los estudiantes de la Facultad de Derecho de Valdivia y nota de Redseca).