Independientemente del contexto en el que pronuncia su frase el Presidente Santos, la incoherencia que sobrelleva es  que los colombianos no tenemos juzgados donde defendernos porque  la mayor parte del tiempo están cerrados;  en gracia de discusión si estuvieran abiertos, tampoco es mucho lo que se puede avanzar en ellos en pro de los intereses de quien tiene la razón y necesita la protección pronta y oportuna del Estado: retraso en los procesos, desprotección de derechos, corrupción, alianzas entre abogados sin moral y jueces, acumulación de procesos, falta de instalaciones dignas y un sinfín de razones hacen imposible en Colombia, cumplir con el Art. 229 de la Constitución que supuestamente “garantiza el derecho a toda persona para acceder a la administración de justicia”.